Curiosidades y Arretrancos

Tras la aprobación de la Constitución de 1978, la madurez de la sociedad española ha permitido que los medios de comunicación vivan su época de mayor libertad

Dentro de unos días se cumplirán 29 años desde que el pueblo español ratificara en referéndum nuestra actual Constitución. Fue el 6 de diciembre de 1978. Sin embargo, muy pocas personas saben que entró en vigor el 29 de ese mismo mes, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tras ser sancionada dos días antes por el Rey. Del mismo modo, gran parte de la población ha dejado de ser consciente del gran papel que ha jugado nuestra Carta Magna, como norma suprema del Estado, en el desarrollo de derechos y libertades que hoy asumimos como esenciales. Entre esos derechos destacan los que se refieren a las libertades de expresión e información.

Una de las principales consecuencias de la aprobación de la Constitución fue que, por primera vez en casi cuarenta años, los medios de comunicación iban a poder hablar y opinar libremente de política, ya que para cualquier régimen que quiera llamarse democrático es fundamental reconocer y garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse e informarse libremente, tanto de forma interpersonal, como a través de los medios de comunicación social, derechos que reconoce y protege la Constitución en su artículo 20.

El pluralismo político, uno de los valores superiores ­-junto con la libertad, la justicia y la igualdad- que inspira el ordenamiento jurídico español, se expresa a través de los partidos políticos, encargados de formar y manifestar la voluntad popular. Por ello, su creación y el ejercicio de su actividad es libre, según señala el art. 6, que sólo impone dos límites: el respeto a la ley y una estructura y funcionamiento democráticos. Es labor de los medios de comunicación vigilar que su funcionamiento se ajuste a ese mandato y denunciarlos públicamente en caso de que no lo cumplan. Gracias a esta posibilidad, han salido a la luz múltiples casos de corrupción política, que abarcan desde la financiación ilegal de los partidos, como el Caso Filesa, hasta cualquiera de los escándalos urbanísticos que han copado las portadas de los periódicos durante el último año.

Pero estas denuncias no serían posibles si la Constitución no protegiese al periodista. El profesional que ejerce su derecho a informar asume la obligación de ofrecer información veraz. Esta veracidad no implica que el objeto de la información tenga que ser rigurosamente cierto, sino que el periodista haya realizado una labor de contraste, acudiendo a diversas fuentes fidedignas que confirmen esa información. Si, con el paso del tiempo, la información resulta no ser cierta, pero el periodista demuestra que la contrastó debidamente, su actuación será irreprochable.

Aún así, no es ésta la única garantía que otorga nuestra Carta Magna al periodista, ya que también establece la cláusula de conciencia, que lo protege ante un cambio en la orientación ideológica del medio para el que trabaja y, sobre todo, el secreto profesional. Así, un periodista no podrá ser obligado a revelar sus fuentes de información.

Además, se suprime cualquier tipo de censura previa. Desde la entrada en vigor de la Constitución sólo el juez puede ordenar el secuestro de una publicación o grabación. Y podrá hacerlo únicamente cuando aprecie indicios de delito en su contenido. La autoridad política no tiene ya competencias para hacer callar a la prensa cuando sus informaciones le sean incómodas.

Un derecho limitado
Ahora bien, la libertad de información, así como la de opinión, no son derechos ilimitados, sino que tienen como únicos límites -además de la veracidad, para el caso de la información- el resto de derechos fundamentales que enuncia la Constitución. De todos ellos, los mayores conflictos se producirán con los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, consagrados en el art. 18, junto con las garantías de inviolabilidad del domicilio y el secreto de toda clase de comunicaciones. Se trata, sin duda, del punto más delicado, ya que, muchas veces la labor investigadora del periodista le lleva a obtener información a través de algunos medios que pueden vulnerar este precepto. Sería el caso, por ejemplo, de fotografías hechas con teleobjetivos hacia el interior de una vivienda. Pero, también, el de la obtención de documentos, procedentes de filtraciones, sujetos a algún tipo de secreto oficial.

Sin embargo, la Constitución, más allá de enunciar la protección de estos derechos, no establece ningún sistema concreto de protección. Deja el resolver estas cuestiones a los tribunales en cada caso concreto. Quizás, que un juez pondere qué derecho debe prevalecer en casa situación determinada sea la mejor forma de dilucidar estas controversias.

Tras casi 29 años de libertad de prensa, estas cuestiones siguen tan candentes como el primer día, tanto en el ámbito particular como en el político. Hemos vivido un claro ejemplo de ello hace unas semanas, con la publicación en varios medios de una conversación privada del Jefe del Estado con la Presidenta de la Comunidad de Madrid. La cuestión está en determinar si esta revelación viola su derecho a la intimidad o, tal vez, ese acuerdo no escrito de que las conversaciones más o menos privadas entre el Rey y los periodistas no se publican.

Nos encontramos ante una situación absolutamente impensable hace tan sólo 30 años. Probablemente sea la prueba irrefutable de la madurez de la sociedad española: que se puede hablar y opinar de política en los medios de comunicación, sin que nada le suceda al periodista por hacerlo. Aunque, a veces, su información no sea veraz y atente contra algún otro derecho fundamental. En tales casos, si el perjudicado denuncia la situación, la justicia deberá actuar en consecuencia. En caso contrario, el periodista seguirá trabajando en la mayor de las impunidades. Nada que ver con la situación que se vivía en España a mitad de los años 70. Hace nada más que 32 años.

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